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La nacionalización de YPF en Argentina y sus implicancias para el Perú

Tenía este post pendiente pero la falta de tiempo no me permitió sacarlo antes. Creo que mucho de la discusión sobre el tema ha estado enfocado en lo simbólico, con poco énfasis en lo que me parece central: las consecuencias de mediano y largo plazo de la ausencia de derechos de propiedad estables. Los neoliberales a ultranza han cuestionado la expropiación desde su crítica usual al rol del Estado en la economía.  La izquierda por su lado ha enfatizado cuestiones de autonomía, reivindicando la participación del Estado en los llamados “sectores estratégicos”. Viendo el tema desde Perú, las reacciones de neoliberales y zurdos han ido más o menos por la misma dirección. Así por ejemplo, desde el Gran Combo Club y desde una perspectiva de izquierdas,Jorge Rendón Vásquez describe el tema en los siguientes términos:
“Esta expropiación, que despierta la satisfacción de las mayorías sociales de América Latina, ha enfurecido a los incondicionales del neoliberalismo y de las privatizaciones, para quienes el capítulo siguiente será el horror de la evacuación de los capitales y otras fantasías. Se dirigían a los argentinos, a ver si se asustaban y, como un reflejo, a sus legisladores para inhibirlos de votar a favor de la expropiación; pero apuntaban también a los demás pueblos de América Latina para desalentarlos de hacer lo mismo, ahora que el término expropiación deja de ser la mala palabra, puesta en el índex por los neoliberales. Hasta nuestro “marqués”, como obediente vasallo de los señores que le dieron ese título, se tiró al ruedo, para combatir la expropiación argentina, dando curso a su manera profesional y remunerada de alzarse como un resorte cada vez que los centros del poder capitalista lo convocan para anatematizar las medidas económicas, sociales y políticas que los incomodan.”
Tengo la impresión que los liberales harían un mejor trabajo si se dedicaran a hacer pedagogía política utilizando el caso argentino como un ejemplo de lo que no debe de hacerse pero sin apelar al tremendismo al que alude Rendón. Este tipo de razonamientos son muy difíciles de sostener en un contexto global en donde la recesión, la débil regulación y las malas prácticas corporativas vienen siendo asociadas equivocadamente (con la participación tendenciosa de la izquierda) con el liberalismo. En este escenario, las acusaciones de la izquierda suenan creíbles y por ende cada vez más gente mira con simpatía la participación estatal en sectores como el petrolero.
Lo primero que habría que decirse es que, al estado actual del conocimiento económico, no existe evidencia empírica que indique que el Estado siempre es un mal gestor de recursos. Tenemos diversas teorías que proveen razones sólidas para desconfiar de este, pero es difícil obtener evidencia empírica concluyente al respecto. Al nivel internacional, existen ejemplos abundantes de empresas públicas eficientes (como Petrobras o Codelco) y también de otras en donde abunda la corrupción y la ineficiencia (como PDVSA). Entonces, no se trata de si la propiedad es privada o pública, sino más bien del entorno institucional que estas enfrentan. Si uno comienza a estudiar con algún detalle el caso de las empresas públicas que funcionan bien en la región, inmediatamente notara que existen mecanismos institucionales que garantizan que estas cuenten con una burocracia altamente calificada y con altos niveles de independencia del poder político de turno. Se trata entonces de la existencia de reglas de juego que crean incentivos que favorecen el desarrollo de una gestión eficiente, más allá del tipo de propiedad.
La pregunta entonces es si en Argentina (y de paso en el Perú) existen los requisitos institucionales para el desarrollo de una gestión eficiente en las empresas públicas. Parece que este no es el caso. De hecho, en el caso argentino ni siquiera las empresas privadas son totalmente independientes del poder político, como lo indica precisamente el hecho que Repsol se haya visto forzada por Néstor Kirchner a vender parte de sus acciones en favor de un empresario amigo del régimen. Como lo cuenta Xavier Sala-i-Martin:
“En 2007, y ya con Antoni Brufau al frente de la petrolera, el presidente Néstor Kirchner pidió a REPSOL que un grupo argentino entrara a formar parte de la compañía. Se trataba del grupo Petersen de la familia de Enrique Eskenazi. La familia Eskenazi era una familia de la alta burguesía de Santa Cruz, región que había sido presidida (oh! casualidad!) por Néstor Kirchner, antes de ser presidente de Argentina. De hecho, Enrique Eskenazi era amigo íntimo de don Néstor, tan íntimo que le había financiado las campañas electorales que le llevaron al poder. Es decir, el presidente Kirchner obligó en 2007 a REPSOL a aceptar un socio argentino que, casualmente, era un amigo íntimo de toda la vida y al que se le debían algunos favores políticos. Antoni Brufau aceptó porque sabía que siempre es bueno tener inversores locales con conexiones políticas. Es bueno que los insiders te señales la existencia de luces ámbar antes de que se vuelvan rojas. Por esto aceptó que la familia Eskenazi tenga primero el 15% y luego el 25% de la compañía.
Pero había un pequeño problema: los Eskenazi eran los ricos del pueblo en Santa Cruz, pero una cosa es que tus niños se paseen por el pueblo en lujosos horteras Ferraris rojos o que chuleen por las discotecas de moda de la zona y otra cosa muy distinta es comprar el 25% de una compañía que vale decenas de miles de millones de dólares. Los Eskenazi no eran tan ricos!
¿Cómo consigue la familia amiga de Kirchner comprar el 25% de REPSOL-YPF? Pues obligando a YPF a PRESTARLE EL DINERO! Repito, Néstor Kirchner obliga a REPSOL a prestar el dinero a una familia amiga para que ésta compre el 25% de REPSOL. ¿Y cómo va a pagar esa familia semejante millonaria cantidad? Pues con los dividendos de la propia REPSOL. Es decir, REPSOL, el gobierno de Kirchner y el grupo Petersen de la familia Eskenazi firman un contrato (depositado en la Security Exchange Comission de New York) que obliga a REPSOL a dar el 25% de su capital a la familia Eskenazi y ésta se compromete a pagar de vuelta con los dividendos de REPSOL. Para garantizar que REPSOL pueda cobrar ese “crédito” (o quizá deberíamos calificarlo de extorsión), se obliga a REPSOL distribuir en forma de dividendos el 90% de sus beneficios.”
Cualquiera que conozca Argentina sabe de lo poco institucionalizado que es el país. Si los Kirchner lograron que una multinacional hiciera esto, ¿Cómo será cuando la empresa esté totalmente bajo el control estatal? ¿Sera capaz la empresa de invertir para expandir la producción, el argumento utilizado por el régimen para justificar la expropiación, en este entorno institucional? Cristina Kirchner ha dicho que la empresa se manejará con criterios de eficiencia, pero es muy difícil creer que esto será posible en el escenario descrito. Como ya pasó con las pensiones y Aerolíneas Argentina, lo más probable es que las necesidades de financiamiento de corto plazo del régimen terminen creando problemas que terminaran reventando en el largo plazo.
Muchos confunden la crítica a la expropiación como una defensa a REPSOL o a los españoles. Seguro habrá interesados en defender los intereses de la empresa, lo cual por cierto es legítimo.  Creo sin embargo que lo central es la defensa de un conjunto de principios esenciales que tienen soporte científico. Concretamente, existe un conjunto amplio de evidencia que sostiene la importancia radical que tiene la protección de los derechos de propiedad para el desarrollo de las naciones. El libro reciente de Daron Acemoglu y James Robinson, “Why Nations Fail”, tiene una cantidad importante de ejemplos que van en la dirección señalada. Aquellos países que garantizan el respeto a los derechos de propiedad muestran, en promedio, un crecimiento sostenible de la riqueza. Viéndolo en perspectiva, es precisamente la ausencia de instituciones que garanticen la protección de los derechos de propiedad lo que explica, por lo menos en parte, la debacle argentina de las últimas décadas.
Además de esta razón empírica, existe una cuestión de principio vinculada con el respeto de la ley. Creo que lo fundamental no es la discusión sobre si el Estado debe intervenir o no en los sectores estratégicos, debate que han privilegiado los defensores y críticos de la medida, sino más bien si es que vamos a admitir violaciones a los derechos fundamentales de las personas, entre estos, el derecho a la propiedad. Porque, hay que admitirlo, esto es simplemente un robo. Es como si alguien entrara a tu casa, se apropia de ella y luego decide pagarte lo que se le antoja. Y en esto la izquierda tendría que ser más principista en reconocer que se trata de un robo (lo cual difícilmente hará pues significaría admitir que su compromiso con los derechos humanos es estratégico). Claro, en sociedades en donde el respeto a los derechos individuales ha sido históricamente débil, no es de extrañar que muchos celebren una medida como esta, en particular por tratarse de una multinacional. Pero desde un punto de vista de principios, es lo mismo que el gobierno le quite la casa a una familia pobre que le expropie a una empresa sus acciones.
¿Qué lecciones podemos extraer para el caso peruano? Sin duda, la izquierda local ha querido jalar agua para su molino en su agenda de lograr una participación más activa del Estado en los sectores estratégicos. Tengo la impresión que debería replantearse el debate en relación a si tenemos los mecanismos institucionales que nos garanticen  empresas publicas eficientes y mi respuesta en ese caso es que estamos muy lejos aún de ese escenario. Ya vimos como PetroPeru funcionaba como caja chica del Toledismo. Tal vez si existiera un esfuerzo más serio de los defensores del estatismo por proponer la inclusión de mecanismos que promuevan la eficiencia en una eventual mayor participación del Estado en la economía la discusión sobre el tema sería más rica. Creo que la izquierda necesita ser más convincente: no basta mirar a los vecinos y decir “mira, ¿cómo ellos si tienen empresas públicas que funcionan bien?” sino fundamentar sobre qué es lo que ha cambiado en el país para que empresas públicas que en el pasado funcionaron muy mal ahora si operen con eficiencia. Y es que, si Brasil y Chile tienen buenas empresas públicas es porque también tienen burocracias e instituciones más sólidas. Porque, supongo que al final del día de lo que se trata es pensar respecto a qué condiciones debemos garantizar para que PetroPeru se parezca más a PetroBras y menos a PDVSA (o, con seguridad en unos años, YPF).  
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Reflexiones post-electorales

Acabó el proceso electoral y ahora tenemos como presidente a Ollanta Humala. Hasta hace poco “el salto a vacio” y ahora –por esas cosas que tiene nuestra política local-la opción democrática de la coyuntura. Muchos celebran el que no se haya elegido la opción fujimorista. Se habría evitado, según muchos, el retorno de la mafia de Fujimori y Montesinos. La prensa fue una vergüenza, no solo El Comercio y Perú 21, sino también La Republica que dejaron de lado la objetividad y se enmarcaron en campañas de desprestigio contra Humala y Fujimori respectivamente. Ambos crearon miedos y minimizaron los riesgos de la alternativa que defendían. Una evaluación objetiva de su rol es tarea pendiente.

¿Quien perdió con estas elecciones?

Creo que la gran perdedora fue la verdad. Ya se ha dicho mucho de cómo los medios que apoyaron a Keiko Fujimori crearon miedos infundados sobre el manejo económico. Pero también es cierto que dentro de los simpatizantes de Humala se exageraron los miedos de un posible retorno del régimen corrupto y violador de los derechos humanos del 90. No existen las condiciones para la reproducción de un régimen de esa naturaleza en el Perú actual del mismo modo que la replicación del modelo venezolano es inviable. Lo cierto es que ambos candidatos generaban dudas pero de ahí al apocalipsis que pintaban los críticos de uno y otro lado hay mucho trecho.

También perdió la dignidad. Si, ya se, se dirá que se evitó que la mafia retorne al poder pero lo real es que el solo escenario de tener que elegir entre Humala y Fujimori ya era indigno para un país que ha aun no se recupera de las secuelas del conflicto armado interno. Desde 1985 y con excepción de Toledo, el Perú ha estado gobernado por presidentes que luego han enfrentado acusaciones serias de violaciones de derechos humanos. Alan García tiene en su haber acusaciones relacionadas a su participación en la matanza de los penales mientras que sobre Fujimori me ahorro comentarios para no repetir lo obvio. La novedad de esta elección es que es la primera vez en nuestra historia reciente que un acusado de violar derechos humanos es elegido democráticamente. Qué país más digno aquel que elige a alguien acusado de crímenes de lesa humanidad para evitar lo indigno que sería elegir a la hija de un violador de derechos humanos.

Se dirá que Humala ya fue investigado y que fue absuelto. Nada más ajeno a la verdad. No se pudo determinar su responsabilidad porque los testigos cambiaron de versión. La cosa huele mal teniendo en cuenta las acusaciones de compra de testigos en este caso y de la existencia de personajes vinculados a Humala en dicho proceso. Ojala que, por dignidad, se esclarezca lo que paso en Madre Mía.

¿Qué es lo que viene?

Como dije, no es de esperar que Humala introduzca cambios significativos en el modelo económico. Por lo menos no en el corto plazo. Probablemente se intente llevar a cabo los programas redistributivos del plan original. Me gustaría equivocarme, pero dudo mucho que estos programas tengan el impacto redistributivo que sus impulsores aseguran. Hay demasiado voluntarismo y poca reflexión seria acerca de cómo lograr cambios sostenibles en la distribución del ingreso en el mediano plazo. Ahondaré en estos aspectos en el futuro, pero el argumento básico es que dichas iniciativas asumen una capacidad estatal de la que carecemos.

Voluntarismo

Mucha gente voto por Humala con el argumento de que es posible hacerlo rendir cuentas. Algunos más ingenuos han empezado a hablar del “voto vigilante”. Yo tengo mis dudas. La gran verdad, es que solo en contextos muy particulares y de crisis, la movilización popular tiene algún poder para controlar a los gobiernos. Ya Humala a incluido en el comité de transferencia un militar retirado que firmo la acta de sujeción a Montesinos y nadie ha dicho nada. ¿Dónde están los vigilantes? Esa parece ser la “democracia facebook” de muchos en mi generación. No basta un “like” a la campana democrática virtual de moda.

El uso político del dolor ajeno

Las últimas semanas de la campaña se uso extensivamente el caso de las esterilizaciones forzadas. Estuvieron metidos medios de comunicación como la Republica, movimientos de izquierda, organizaciones de DDHH, entre otros. Apenas 4 días después de las elecciones ya nadie habla del tema. Seguro volverá con fuerza el 2016 por los mismos que ahora parecen ya haberlo olvidado.

Si, no gano Fujimori. Pero no puedo evitar sentir que, después de todo, también perdió la dignidad. Seguro perdió menos si comparamos este resultado con la derrota moral que hubiera sido tener al fujimorismo de vuelta. Pero el que hayamos elegido a un acusado de crímenes de lesa humanidad (con un movimiento de DDHH que se puso de costado y olvido que fueron ellos los primeros en cuestionar a Humala) no debería ser motivo de celebración. A menos que, después de todo, no seamos tan dignos.

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El Angel de Budapest

Hace unas semanas atrás, leí este articulo en El País acerca del conocimiento que tuvo el dictador español Francisco Franco sobre las atrocidades del régimen de Hitler. La historia, resumida, es que un diplomático español, llamado Angel Sanz Briz, envió una nota diplomática desde Budapest en donde advertía sobre las matanzas de judíos en los campos de concentración. Así lo cuenta El País:

“El puñado de papeles que el diplomático envió a Madrid iba precedido de una carta a “Vuestra Excelencia” en la que informa “sobre el trato a que se condena a los judíos en los campos de concentración alemanes”. Desvelaba que se los habían hecho llegar “elementos de la junta directiva de la organización sionista de la capital”. “Su origen, pues”, se dice en la misiva, “le hace sospechoso de apasionamiento. Sin embargo, por los informes que he podido obtener de personas no directamente interesadas en la cuestión y de mis colegas del cuerpo diplomático aquí acreditado, resulta que una gran parte de los hechos que en él se describen son, desgraciadamente, auténticos”. Los papeles permanecían hasta ahora en los archivos del ministerio, en una carpeta donde se lee “no mostrar”. Ahora sirven para confirmar hasta qué punto el Gobierno de Franco, simpatizante de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y ambiguo en sus posiciones hacia el final de la contienda, conocía con todo detalle el plan que los nazis estaban llevando a cabo para exterminar a los judíos.” Excelencia, esto ocurre en Auschwitz.

Sin embargo, lo central en esta historia, no es tanto el silencio del franquismo ante la barbarie nazi. Lo que conmueve en esta historia es el esfuerzo de este diplomático español para salvar a miles de judíos (la gran mayoría no españoles) de la muerte segura en los campos de concentración. Primero, Sanz pidió apoyo al Gobierno español para proteger a los perseguidos por el régimen nazi. Nunca recibió respuesta. Luego, apelando a una antigua ley (expedida en 1924 pero ya no vigente en aquel entonces) que permitía extender la nacionalidad española a judíos sefardí, Sanz logró convencer (soborno de por medio) al gobierno húngaro de extenderle 200 visados para ciudadanos españoles. Apelando a una criollada, Sanz convirtió estos 200 visados en alrededor de 5200. ¿Cómo? Lo contó el mismo Sanz en un libro escrito hace un tiempo atrás (“Los judíos en España” de Federico Ysart):

“Conseguí que el Gobierno húngaro autorizase la protección por parte de España de 200 judíos sefardíes (…) Después la labor fue relativamente fácil, las 200 unidades que me habían sido concedidas las convertí en 200 familias; y las 200 familias se multiplicaron indefinidamente, con el simple procedimiento de no expedir salvoconducto o pasaporte alguno a favor de los judíos que llevase un número superior al 200. Esos documentos se hicieron en muchísimas series, calificando cada una con las letras del alfabeto”.

No solo eso, tomando de sus propios recursos, Sanz alquiló varios edificios en donde cobijó y alimentó a los miles de judío que salvó. Tras sobornar a la autoridad regional nazi, logró que dichos establecimientos tengan condición de extraterritorialidad y por tanto sean considerados territorio español. Una acción muy valerosa para un diplomático de un régimen afín al nazismo como el régimen de Franco.

Pero Sanz no solo hizo eso. Según su viuda, en alguna ocasión el mismo Sanz sacó de trenes que se dirigían a campos de concentración a judíos que ya contaban con los documentos expedidos por la Embajada. Asimismo, un grupo de 500 niños judíos fueron puestos a buen recaudo en Tanger, en aquel entonces bajo el control español, debido a los oficios del diplomático.

Ante la inminente llegada de los soviéticos a finales de 1945, con los que España no tenia buena relación entonces por la afinidad del franquismo con el nazismo, Sanz fue obligado a dejar Budapest. Dejo todo el esquema que había ideado para salvar judíos en manos de sus colaboradores que siguieron trabajando en esa dirección hasta que finalmente los soviéticos acabaron con la represión de los judíos en Hungría. Sanz fue destacado a otros lugares después, e incluso estuvo un tiempo en Lima. Debido a razones políticas, su labor heroica estuvo silenciada (España e Israel recién establecen relaciones diplomáticas a partir de 1986 después de 11 años de la muerte de Franco. Por otro lado, había mucha resistencia en Israel por reconocer a un funcionario de un régimen afín al nazismo) tanto así que casi todo el reconocimiento público que obtuvo por su labor llegó después de su muerte en 1980. Su nombre recién gana notoriedad en 1991 cuando el Museo del Holocausto Yad Vashem de Israel le concedió póstumamente el título de “Justo entre las naciones”, el máximo reconocimiento que le otorga el Estado de Israel a quienes se distinguieron por su labor humanitaria a favor de los judíos durante la barbarie nazi. En 1994 el Gobierno de Hungría le concedió póstumamente la Cruz de la Orden del Mérito.

Sanz no tiene la fama que obtuvo Oskar Schlinder, el industrial alemán que salvó a 1100 judíos y cuya historia fue contada por la galardonada película La Lista de Schlinder de Steven Spilberg. Tampoco es muy reconocida la labor de Gilberto Bosques, diplomático mexicano que salvó a cientos de judíos y opositores del facismo alemán y español facilitándoles la huida a México, y a quien el Estado de Israel concedió también el título de “Justo entre las naciones”. Así como ellos, hay cientos de personas extraordinarias que no miraron al costado cuando la barbarie se volvía sentido común e hicieron algo, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida, para proteger a los perseguidos. Seres que nos muestran que, allí en donde lo peor del ser humano asoma, también surge aquello que nos hace acercarnos a lo divino. Seres que defendieron la vida y lucharon por preservarla allí en donde el desprecio por esta llego a niveles inimaginables.

En un mundo en donde la intolerancia parece estar de vuelta y en donde algunos pretenden minimizar la barbarie, no está de más recordar a estas personas.

Para que no se repita.

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The Economist sobre la sentencia a Fujimori

Para los interesados.Fujimori Trial http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=14158249&access_key=key-2fmxplwsxv9up9cko2mh&page=1&version=1&viewMode=

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