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La nacionalización de YPF en Argentina y sus implicancias para el Perú

Tenía este post pendiente pero la falta de tiempo no me permitió sacarlo antes. Creo que mucho de la discusión sobre el tema ha estado enfocado en lo simbólico, con poco énfasis en lo que me parece central: las consecuencias de mediano y largo plazo de la ausencia de derechos de propiedad estables. Los neoliberales a ultranza han cuestionado la expropiación desde su crítica usual al rol del Estado en la economía.  La izquierda por su lado ha enfatizado cuestiones de autonomía, reivindicando la participación del Estado en los llamados “sectores estratégicos”. Viendo el tema desde Perú, las reacciones de neoliberales y zurdos han ido más o menos por la misma dirección. Así por ejemplo, desde el Gran Combo Club y desde una perspectiva de izquierdas,Jorge Rendón Vásquez describe el tema en los siguientes términos:
“Esta expropiación, que despierta la satisfacción de las mayorías sociales de América Latina, ha enfurecido a los incondicionales del neoliberalismo y de las privatizaciones, para quienes el capítulo siguiente será el horror de la evacuación de los capitales y otras fantasías. Se dirigían a los argentinos, a ver si se asustaban y, como un reflejo, a sus legisladores para inhibirlos de votar a favor de la expropiación; pero apuntaban también a los demás pueblos de América Latina para desalentarlos de hacer lo mismo, ahora que el término expropiación deja de ser la mala palabra, puesta en el índex por los neoliberales. Hasta nuestro “marqués”, como obediente vasallo de los señores que le dieron ese título, se tiró al ruedo, para combatir la expropiación argentina, dando curso a su manera profesional y remunerada de alzarse como un resorte cada vez que los centros del poder capitalista lo convocan para anatematizar las medidas económicas, sociales y políticas que los incomodan.”
Tengo la impresión que los liberales harían un mejor trabajo si se dedicaran a hacer pedagogía política utilizando el caso argentino como un ejemplo de lo que no debe de hacerse pero sin apelar al tremendismo al que alude Rendón. Este tipo de razonamientos son muy difíciles de sostener en un contexto global en donde la recesión, la débil regulación y las malas prácticas corporativas vienen siendo asociadas equivocadamente (con la participación tendenciosa de la izquierda) con el liberalismo. En este escenario, las acusaciones de la izquierda suenan creíbles y por ende cada vez más gente mira con simpatía la participación estatal en sectores como el petrolero.
Lo primero que habría que decirse es que, al estado actual del conocimiento económico, no existe evidencia empírica que indique que el Estado siempre es un mal gestor de recursos. Tenemos diversas teorías que proveen razones sólidas para desconfiar de este, pero es difícil obtener evidencia empírica concluyente al respecto. Al nivel internacional, existen ejemplos abundantes de empresas públicas eficientes (como Petrobras o Codelco) y también de otras en donde abunda la corrupción y la ineficiencia (como PDVSA). Entonces, no se trata de si la propiedad es privada o pública, sino más bien del entorno institucional que estas enfrentan. Si uno comienza a estudiar con algún detalle el caso de las empresas públicas que funcionan bien en la región, inmediatamente notara que existen mecanismos institucionales que garantizan que estas cuenten con una burocracia altamente calificada y con altos niveles de independencia del poder político de turno. Se trata entonces de la existencia de reglas de juego que crean incentivos que favorecen el desarrollo de una gestión eficiente, más allá del tipo de propiedad.
La pregunta entonces es si en Argentina (y de paso en el Perú) existen los requisitos institucionales para el desarrollo de una gestión eficiente en las empresas públicas. Parece que este no es el caso. De hecho, en el caso argentino ni siquiera las empresas privadas son totalmente independientes del poder político, como lo indica precisamente el hecho que Repsol se haya visto forzada por Néstor Kirchner a vender parte de sus acciones en favor de un empresario amigo del régimen. Como lo cuenta Xavier Sala-i-Martin:
“En 2007, y ya con Antoni Brufau al frente de la petrolera, el presidente Néstor Kirchner pidió a REPSOL que un grupo argentino entrara a formar parte de la compañía. Se trataba del grupo Petersen de la familia de Enrique Eskenazi. La familia Eskenazi era una familia de la alta burguesía de Santa Cruz, región que había sido presidida (oh! casualidad!) por Néstor Kirchner, antes de ser presidente de Argentina. De hecho, Enrique Eskenazi era amigo íntimo de don Néstor, tan íntimo que le había financiado las campañas electorales que le llevaron al poder. Es decir, el presidente Kirchner obligó en 2007 a REPSOL a aceptar un socio argentino que, casualmente, era un amigo íntimo de toda la vida y al que se le debían algunos favores políticos. Antoni Brufau aceptó porque sabía que siempre es bueno tener inversores locales con conexiones políticas. Es bueno que los insiders te señales la existencia de luces ámbar antes de que se vuelvan rojas. Por esto aceptó que la familia Eskenazi tenga primero el 15% y luego el 25% de la compañía.
Pero había un pequeño problema: los Eskenazi eran los ricos del pueblo en Santa Cruz, pero una cosa es que tus niños se paseen por el pueblo en lujosos horteras Ferraris rojos o que chuleen por las discotecas de moda de la zona y otra cosa muy distinta es comprar el 25% de una compañía que vale decenas de miles de millones de dólares. Los Eskenazi no eran tan ricos!
¿Cómo consigue la familia amiga de Kirchner comprar el 25% de REPSOL-YPF? Pues obligando a YPF a PRESTARLE EL DINERO! Repito, Néstor Kirchner obliga a REPSOL a prestar el dinero a una familia amiga para que ésta compre el 25% de REPSOL. ¿Y cómo va a pagar esa familia semejante millonaria cantidad? Pues con los dividendos de la propia REPSOL. Es decir, REPSOL, el gobierno de Kirchner y el grupo Petersen de la familia Eskenazi firman un contrato (depositado en la Security Exchange Comission de New York) que obliga a REPSOL a dar el 25% de su capital a la familia Eskenazi y ésta se compromete a pagar de vuelta con los dividendos de REPSOL. Para garantizar que REPSOL pueda cobrar ese “crédito” (o quizá deberíamos calificarlo de extorsión), se obliga a REPSOL distribuir en forma de dividendos el 90% de sus beneficios.”
Cualquiera que conozca Argentina sabe de lo poco institucionalizado que es el país. Si los Kirchner lograron que una multinacional hiciera esto, ¿Cómo será cuando la empresa esté totalmente bajo el control estatal? ¿Sera capaz la empresa de invertir para expandir la producción, el argumento utilizado por el régimen para justificar la expropiación, en este entorno institucional? Cristina Kirchner ha dicho que la empresa se manejará con criterios de eficiencia, pero es muy difícil creer que esto será posible en el escenario descrito. Como ya pasó con las pensiones y Aerolíneas Argentina, lo más probable es que las necesidades de financiamiento de corto plazo del régimen terminen creando problemas que terminaran reventando en el largo plazo.
Muchos confunden la crítica a la expropiación como una defensa a REPSOL o a los españoles. Seguro habrá interesados en defender los intereses de la empresa, lo cual por cierto es legítimo.  Creo sin embargo que lo central es la defensa de un conjunto de principios esenciales que tienen soporte científico. Concretamente, existe un conjunto amplio de evidencia que sostiene la importancia radical que tiene la protección de los derechos de propiedad para el desarrollo de las naciones. El libro reciente de Daron Acemoglu y James Robinson, “Why Nations Fail”, tiene una cantidad importante de ejemplos que van en la dirección señalada. Aquellos países que garantizan el respeto a los derechos de propiedad muestran, en promedio, un crecimiento sostenible de la riqueza. Viéndolo en perspectiva, es precisamente la ausencia de instituciones que garanticen la protección de los derechos de propiedad lo que explica, por lo menos en parte, la debacle argentina de las últimas décadas.
Además de esta razón empírica, existe una cuestión de principio vinculada con el respeto de la ley. Creo que lo fundamental no es la discusión sobre si el Estado debe intervenir o no en los sectores estratégicos, debate que han privilegiado los defensores y críticos de la medida, sino más bien si es que vamos a admitir violaciones a los derechos fundamentales de las personas, entre estos, el derecho a la propiedad. Porque, hay que admitirlo, esto es simplemente un robo. Es como si alguien entrara a tu casa, se apropia de ella y luego decide pagarte lo que se le antoja. Y en esto la izquierda tendría que ser más principista en reconocer que se trata de un robo (lo cual difícilmente hará pues significaría admitir que su compromiso con los derechos humanos es estratégico). Claro, en sociedades en donde el respeto a los derechos individuales ha sido históricamente débil, no es de extrañar que muchos celebren una medida como esta, en particular por tratarse de una multinacional. Pero desde un punto de vista de principios, es lo mismo que el gobierno le quite la casa a una familia pobre que le expropie a una empresa sus acciones.
¿Qué lecciones podemos extraer para el caso peruano? Sin duda, la izquierda local ha querido jalar agua para su molino en su agenda de lograr una participación más activa del Estado en los sectores estratégicos. Tengo la impresión que debería replantearse el debate en relación a si tenemos los mecanismos institucionales que nos garanticen  empresas publicas eficientes y mi respuesta en ese caso es que estamos muy lejos aún de ese escenario. Ya vimos como PetroPeru funcionaba como caja chica del Toledismo. Tal vez si existiera un esfuerzo más serio de los defensores del estatismo por proponer la inclusión de mecanismos que promuevan la eficiencia en una eventual mayor participación del Estado en la economía la discusión sobre el tema sería más rica. Creo que la izquierda necesita ser más convincente: no basta mirar a los vecinos y decir “mira, ¿cómo ellos si tienen empresas públicas que funcionan bien?” sino fundamentar sobre qué es lo que ha cambiado en el país para que empresas públicas que en el pasado funcionaron muy mal ahora si operen con eficiencia. Y es que, si Brasil y Chile tienen buenas empresas públicas es porque también tienen burocracias e instituciones más sólidas. Porque, supongo que al final del día de lo que se trata es pensar respecto a qué condiciones debemos garantizar para que PetroPeru se parezca más a PetroBras y menos a PDVSA (o, con seguridad en unos años, YPF).  

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El adiós de la Negra

Se fue Mercedes Sosa. Recuerdo que tuve la suerte de verla en Febrero del 2006 en un festival en el bosque de Palermo en Buenos Aires, mientras estudiaba en Argentina. Cantó con Fito Paez, Charly Garcia y Leon Gieco, entre otros. Fue un espectáculo de lujo, casi mágico, sobre todo en aquel año en que se festejaban los 30 años de la nefasta dictadura militar que gobernó el país hasta principios de los 80. Hoy la Negra nos deja pero su música siempre estará con nosotros.

Descansa en paz, Mercedes Sosa.

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Tantas veces Argentina: el saqueo de los fondos de pensiones

Argentina es uno de esos países que son difíciles de comprender, inclusive para quienes hemos tenido la suerte de vivir una temporada por allá. En particular, es el mejor ejemplo que existe para argumentar en contra de la idea de que países que tienen mejor capital humano son capaces de diseñar e implementar mejores políticas públicas. Prometo escribir respecto al tema de pensiones en Argentina con más detalle pronto. Mientras, comparto un texto escrito por Mariano Scapin, amigo y compañero de estudios de la maestría en economía de la Universidad de San Andrés (ahora haciendo su doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid) sobre el tema. Mariano trabajo con Roberto Cortes Conde, probablemente el mejor historiador económico de América Latina, por lo que no es casualidad la apelación al recurso de la historia en el texto que comparte desde Madrid.

SMZ

Las AFJP al Estado.
Reflexionemos, por que la historia argentina otra vez se repite…
Tomó público conocimiento el proyecto del Ejecutivo Nacional de apropiarse de
los fondos invertidos por particulares en las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones, cifra cercana a las 4,5 miles de millones de dólares,
fruto de los aportes de los contribuyentes argentinos y de las inversiones que de
estos fondos realizaron las administradoras en sus más de quince años de
historia.

El sistema fue creado en los 90 por el entonces Presidente de la Nación, Carlos
Saúl Menem y el entonces Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.
Entre los objetivos centrales se encontraba el de controlar el Gasto Público, ya
que era moneda común hasta entonces utilizar los ingresos en concepto de
cargas sociales aportados por los contribuyentes para cubrir gastos corrientes en
vez de reinvertirlos para asegurar mayores retornos a los futuros jubilados. La
triste experiencia inflacionaria primero, e hiper inflacionaria después,
enseñaron a los políticos argentinos que los abultados excesos en el Gasto
Público no solo eran no eran neutros, sino desbordaban en aumentos sostenidos
de precios.

El tránsito no fue sencillo, ya que el grueso agujero fiscal que se produjo al
reducir los ingresos provenientes de los aportes jubilatorios, sumados a la
inflexibilidad del Gasto Público argentino, llevó – entre otras razones no
menores – al triste colapso de 2001.

Sin embargo, se enseñó a los contribuyentes argentinos a responsabilizarse de
su futuro, a darles la oportunidad de elegir como invertir el fruto de su trabajo
y como preparse para su retiro.

Estos quince años las AFJP sufrieron ataques sistemáticos contra sus aportes.
Primero Domingo Cavallo, durante su segundo Ministerio, forzó a un canje de
parte de los activos líquidos de las Administradoras por Bonos del Estado
Nacional. El Presidente Previsional Adolfo Rodríguez Saá al declarar el default
de la deuda omitió incluir estos bonos, sabiendo que perjudicaba sensiblemente
el ahorro de los trabajadores argentinos. Sin embargo, durante el gobierno de
Kichner y su entonces Ministro Lavagna se extendió el no pago a estos bonos.
Pese a esto, cuando a finales del año pasado de abrió la posibilidad de cambiar
de sistema – esto es, pasar del privado (o capitalización) al público (de reparto)
más del 80% de los aportes decidieron seguir en el primer sistema.

La decisión del gobierno nacional atenta contra la libertad de los ciudadanos, de
elegir su forma de financiar su futuro de la manera más conveniente para ellos.
En definitiva, estamos nuevamente ante otro de los tan comunes atropellos a la
voluntad ciudadana del individuo. Y para el trasnochado que diga que el objeto
del Estado es redistribuir la riqueza, se le puede decir: para eso están los
impuestos. No solo uno paga impuestos para seguridad y defensa, sino también
para educación y salud. Por lo tanto, exigir que además de los impuestos los
ciudadanos tengan que aportar sus ahorros al Estado, es un disparate.

Corría el año 1946 en la Argentina, segundo año del primer gobierno de Perón.
Hasta entonces, no existían en el país un sistema jubilatorio público. Sin
embargo, una persona que ahorrara un equivalente al 11% en Cédulas
Hipotecarias del Banco Nacional Hipotecario, podría obtener tras 30 años de
ahorro un retorno equivalente al 75% de su salario en actividad, ajustables por
inflación, utilizando tanto los intereses como la amortización del capital
invertido (véase Cortés Conde, 2006). La nacionalización de las jubilaciones – y
la eliminación del sistema de cédulas hipotecarias por el de redescuentos
discrecionales de fondos del Banco Central de la Nación Argentina – promovió
la expropiación de millones de pesos de entonces desde los bolsillos de los
ciudadanos a las arcas del Estado, quien discrecionalmente repartió estos
fondos a gastos corrientes. Fue el inicio de la fiesta peronista y que, continuada
con otras medidas de tinte expropiatorio y populistas, creo uno de los mayores
sistemas de estafas planificadas: el sistema jubilatorio de reparto.

Más allá de los fondos, más allá del debate sobre el tiempo y las causas de la
expropiación del gobierno de Cristina Kirchner, debemos hacer mención en el
punto fundamental de la discusión. Bajo ningún concepto el Estado, entidad
creada bajo la idea de velar por la seguridad física y material de los ciudadanos,
puede extraer de su bolsillo sus ahorros, cuando no ya sus legítimos ingresos.

Este artículo, si bien breve y por lo tanto incompleto, simplemente trata de
hacer comprender la idea de que nosotros somos el Estado, y bajo ningún
concepto y/o causa puede este abrogarse el derecho de forzanos a elegir a
nosotros cómo, cuándo y qué ahorrar. Al menos, tengamos la conciencia limpia
de que al llegar a la tercera edad y, al mirar hacia atrás, hacia nuestras vidas,
podamos estar orgullosos de que fuimos responsables. De que decidimos por
nosotros mismos.


Mariano Scapin
scapinmariano@gmail.com

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Pasión y Sangre: Las Violaciones de los DDHH y el Mundial del 78 en la Argentina

En las últimas semanas, se ha reavivado en la Argentina la discusión sobre las violaciones de los DDHH cometidos por la dictadura militar dirigida por Videla. Esta vez, la discusión ha tenido su origen en las celebraciones por los 30 años de la conquista de la primera copa mundial de futbol. En aquella ocasión, la junta militar manipuló la pasión de los argentinos por el futbol para legitimarse mediante la realización de la copa mundial en momentos en que las denuncias sobre desapariciones se multiplicaban. Estos intentos de las dictaduras por legitimarse mediante el futbol no nos son extraños, si no baste recordar la manipulación de la dictadura de Velasco con los resultados del mundial de México 70.
Aquí dejo este link con artículos al respecto. Por cierto, también se discute mucho el 6-0 que nos metió Argentina en aquella ocasión y sobre si hubo soborno (ver el articulo “¿la fiesta de quienes?”).

Y no hay mejor forma de cerrar este post con la canción “La Memoria”, de León Gieco. Para no olvidar.

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Nunca desaparecen los desaparecidos

En el Perú, como en otros países de la región, las aventuras revolucionarias de las décadas pasadas trajeron consigo el drama de los desaparecidos, gracias a la insania de las organizaciones terroristas como Sendero y MRTA, y al abuso del monopolio de la violencia por parte del Estado. Basta darle una mirada a los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para darnos cuenta que el drama que experimentan estas familias es una realidad cotidiana que exige del resto de la sociedad y del Estado un esfuerzo por establecer culpabilidades y sancionar a los responsables de la perdida de sus seres queridos. No hay reconciliación posible sin justicia de por medio.

Cuando estuve viviendo en Buenos Aires me toco vivir de cerca el recuerdo de los 30 anos de inicio de la dictadura militar. Recuerdo que el día central (24 de marzo, del 2006) hubo una gran manifestación en la Plaza de Mayo en recuerdo a las 30,000 victimas de la dictadura organizada por la Madres de la Plaza de Mayo, la misma que incluyo un concierto. Una de las canciones que más conmovió a los presentes en la manifestación fue una melodía compuesta por Teresa Paradi, canta-autora quien perdiera a muchos amigos en los campos de concentración clandestinos del régimen de Videla. El álbum que contiene esa canción recién salió al mercado el ano pasado. Aquí están el video de la presentación en la plaza de mayo y la letra de la canción.

Aun Caminan Conmigo
Teresa Parodi, Autobiografía (2007)

(Estrofa)
Aún caminan contigo,
aún caminan conmigo,
los que nunca se fueron,
los que nunca se han ido.

Hasta el fin de los tiempos,
los desaparecidos,
los compañeros nuestros,
nuestros seres queridos.

(ESTRIBILLO)
Van contigo y conmigo.
No contaban con eso,
no han desaparecido,
no pudieron con ellos,
ni pudieron contigo.

Aún están con nosotros,
todavía más vivos,
nunca desaparecen
los desaparecidos.

(Estrofa)
Ellos saltan las rejas,
ellos salen del río,
y derriban los muros,
van contigo y conmigo.
Más allá del silencio,
más allá del olvido,
los compañeros nuestros,
nuestros seres queridos.

(ESTRIBILLO)

Los desaparecidos nunca desaparecen. Ni en Argentina ni en Perú ni en cualquier otro lugar del mundo. Nuestra incipiente democracia no puede darse el lujo de no dar respuesta al reclamo de justicia por parte de las familias de los desaparecidos y/o muertos por causa de la violencia política, sean estos obra del accionar de las organizaciones terroristas o de agentes estatales. Ni perdón ni olvido: justicia!

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Algunas Reflexiones sobre la Violencia Politica en America Latina. Peru y Argentina en perspectiva.

Hace un tiempo, escribi esto para un Boletin de Rio Abierto.

A 30 AÑOS DEL GOLPE MILITAR EN ARGENTINA: ¡NUNCA MÁS!
Por Stanislao Maldonado
Hoy Argentina se apresta a conmemorar los 30 años de una de las dictaduras más cruentas que ha conocido la historia de América Latina. Cerca de 30,000 desaparecidos y alrededor 500 jóvenes despojados de su identidad es el triste saldo de uno de los episodios más aciagos que han tenido que vivir los argentinos y con ellos todos los latinoamericanos, pues cientos de personas de países de la región, entre ellos 40 de nuestros compatriotas, perecieron en las manos de esta dictadura genocida y sádica, cuya particular sevicia quedará registrada en la historia por la secuela de dolor que dejó a su paso.

Fue en la madrugada del 24 de septiembre de 1976 en la que la Junta Militar, comandada por Jorge Videla, inicio un régimen de terror sin precedentes, un régimen cuya crueldad futura no era imaginada siquiera por los más suspicaces. La junta militar instauró el secuestro como política de Estado, arrancó a cientos de bebes a mujeres secuestradas, torturó a miles en centros clandestinos de detención (cerca de 340 en total) como la tristemente celebre Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), arrojó vivos al río de la Plata y al océano atlántico a miles de personas en los “vuelos de la muerte”, entre otras atrocidades que a pesar de paso del tiempo siguen conmoviendo a los argentinos.

Los factores que derivaron en el golpe de estado no dejan de ser controversiales, aunque hay cierto consenso respecto al rol jugado por la violencia promovida por las organizaciones terroristas. La violencia política, propiciada por el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) y la organización Montoneros por un lado y la Triple A por el otro, llego a niveles simplemente intolerables, lo cual junto a la incapacidad de Isabel Perón para dirigir las riendas del país, configuraron un escenario en el cual la sociedad en su conjunto clamaba por orden, lo cual explica el amplio respaldo que obtuvieron los militares de sectores amplios de la sociedad a la hora de dar el golpe. Así, la sociedad argentina extendió un ‘cheque en blanco’ a los militares pensando que esta seria sólo “una dictadura más” a las que ya estaba acostumbrada. Los hechos terminaron demostrando lo equivocado de esta última suposición.

Es preciso mencionar que las violaciones de los derechos humanos no fueron exclusivas de los militares pues las organizaciones terroristas mencionadas eran particularmente crueles y sanguinarias, una clara muestra que cuando se utiliza el terror como medio para el cambio social el resultado final es la barbarie. Los terroristas no sólo asesinaron a militares, sino que -en muchos casos- junto a ellos mataron a sus esposas e hijos, además del asesinato indiscriminado mediante bombas y acciones de sabotaje. Ciertamente, ni los miembros del ERP ni de los Montoneros que atacaron al Estado y asesinaron inocentes son mártires, sino violadores de los derechos humanos que merecen la misma suerte que aquellos que desde el Estado cometieron crímenes de lesa humanidad. Ahí el drama de la Argentina de hoy, la Argentina que aún esta en los primeros pasos para reconstruir su historia reciente, una historia que pondere con justicia las responsabilidades de todos los implicados, sin miradas parcializadas que terminen luego por menoscabar el proceso de búsqueda de justicia y verdad que aún no termina.

En estas últimas semanas, los argentinos se han entregado al ejercicio de la memoria y reflexión de lo que fue la dictadura. A pesar del paso del tiempo las heridas todavía están abiertas. Los periódicos publican especiales, hay reediciones de documentos históricos y libros, presentación de documentales, ciclos de cine, obras de teatro, y exposiciones fotográficas sobre el tema en un esfuerzo que –como extranjero proveniente de un país que experimentó un drama similar-llama mucho la atención. Mientras en el Perú, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue recibido con cierta frialdad por parte de la población en general, el 24 de marzo la Plaza de Mayo congregó a más de 50,000 personas en una manifestación pacifica de recuerdo a las victimas de la dictadura. Ciertamente no faltaron quienes enarbolaron consignas políticas, pero también estaban aquellos que iban en familia, con hijos pequeños, y portando fotografías de sus familiares desaparecidos. Eran madres que perdieron hijos, hijos que perdieron padres, hermanos que perdieron hermanos, sobrinos que nunca conocieron a sus tíos.

Me fue inevitable pensar en el Perú mientras recorría la exposición fotográfica a propósito de la dictadura en el Centro Cultural Recoleta. Leí justificaciones de los militares en el juicio a las Juntas que no eran muy distintas a la que se escuchaban de los nuestros durante el proceso de la CVR, y que todavía repiten quienes se resisten a reconocer su responsabilidad en la masacre que se llevo consigo a cerca de 70,000 peruanos, la mayoría de ellos indígenas. Al igual que en Perú, muchos argentinos aún esperan justicia, sin conocer el paradero de los suyos, sin siquiera haber podido enterrar sus restos, negándoseles con ello el duelo y la paz. Ojala que en Perú pronto nos saquemos encima la modorra y la indiferencia, que no es más que otra expresión de la exclusión social que caracteriza a nuestra sociedad. Acabar con la impunidad y reparar a los humillados y olvidados es un imperativo moral que es preciso asumir en el futuro si aspiramos a cerrar las heridas y avanzar en la reconciliación del país.

A pesar de las dificultades, hay avances en el proceso de búsqueda de justicia y verdad que es preciso destacar e imitar. El año pasado la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas en el gobierno de Menem y con ello las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad retomaron impulso. Ahora hay cerca de mil causas abiertas en todo el país, con alrededor de 500 acusados y 200 detenidos. Asimismo, en España el ex marino Adolfo Scilingo –el mismo que confesó que se arrojaban detenidos al mar- fue condenado a 640 años de cárcel, mientras que una fiscal de ese mismo país pidió para Ricardo Cavallo- miembro de los grupos de tareas de la ESMA-17 mil años de prisión. Por otro lado, la verdad se va abriendo paso y ya son 82 los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, aquellos nietos que les fueran arrebatados a sus hijos en los centros clandestinos de detención. Hay, sin embargo, aún mucho por hacer teniendo en cuenta que persisten los indultos decretados por Menem a alrededor de 1200 personas -entre represores y guerrilleros-, tema en el que el presidente Kirchner ha venido mostrando mucha indecisión considerando que es una atribución suya declarar la nulidad de los mismos. Recientemente ha optado por dejar que sea la Corte Suprema la que se pronuncie al respecto, lo cual es interpretado por muchos como una “lavada de manos”, sobretodo porque dichos indultos beneficiaron a muchos montoneros, organización a la que de alguna manera estuvo ligado el presidente durante su juventud.

Hoy todavía las madres de la plaza de mayo siguen luchando, 30 años después de la noche más larga, con la misma energía de la primera vez, todos los jueves frente a la Casa Rosada, con más canas que antes y algo más encorvadas. No pudieron doblegar su lucha las amenazas de muerte ni la represión de Videla. Ni siquiera pudieron con ellas las desapariciones forzadas de algunas de sus integrantes, como es el caso de Azucena Villaflor -su primera líder y a quien se atribuye la idea de ir a protestar a la misma plaza, icono del poder dictatorial-, quien fuera secuestrada, torturada en la ESMA y posteriormente lanzada al río de la Plata en un “vuelo de la muerte”. Aún esperan –ya no por sus hijos- pero si por justicia y sanción a los responsables. Para ellas, los que se fueron todavía están vivos, porque –como dice una canción de Teresa Parodi- nunca desaparecen los desaparecidos.
Buenos Aires, 24 marzo de 2006.

Aunque sigo conservando en lo esencial la vision que tenia en aquel entonces, quiero en los posts que siguen profundizar algunos de los aspectos que me interesan del fenomeno y ponerlos en perspectiva comparada con la experiencia peruana. En un proximo post empezare por discutir el tema a partir de las construcciones elaboradas sobre el papel de los grupos subversivos.

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